jueves, 30 de enero de 2014

El Fogasa se retrasa



¿Quiéres saber cuánto paga el FOGASA? ¿Sabes el tiempo que tarda en resolver?


El sistema de protección, para trabajadores y desempleados a los que la empresa insolvente les adeuda los salarios o la indemnización, consiste en que estas cantidades son cubiertas por un organismo: el FOGASA.
Según la ley, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es responsable subsidiario porque, además de abonar las cantidades establecidas, debe reclamar y repetir contra el empleador deudor. Para esto se, ha previsto que en las cotizaciones de la parte patronal de la Seguridad Social,  por sus trabajadores por cuenta ajena, exista un porcentaje destinado a cubrir esta contingencia.

¿Qué cubre el FOGASA?

Los salarios con sus pagas extraordinarias, incluidos los de tramitación, pendientes de pago por declaración de insolvencia o procedimiento concursal de la empresa, pero hasta un máximo de 120 días, calculando cada día como máximo hasta el doble del SMI.


También las indemnizaciones reconocidas por sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores  por el despido, también con un límite. Lo que se reconoce como máximo son 30 días por año trabajado, con el límite de una anualidad, sin que el salario diario, base de cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.


En algunos casos no es exactamente así. Por ejemplo, en empresas de menos de veinticinco trabajadores cuando han utilizado el despido colectivo u objetivo acreditando la insolvencia o el procedimiento concursal hasta el máximo establecido (8 días). 
Si no se acredita la concurrencia de causas objetivas la indemnización sigue siendo los 30 días de la regla general.


El problema del tiempo y sus consecuencias.

Hasta ahí todo bien, hasta que se acumulan cientos de miles de créditos laborales que hay que abonar a los trabajadores y parados y el organismo decide aplazar sine die el pago. Es más son numerosas las personas que aseguran que el organismo y sus servicios externalizados trabajan de manera proactiva para retrasar expedientes, sean en sede social o en vía administrativa.
Es curioso que en casos donde el FOGASA queda absuelto y sólo debe responder de manera subsidiaria, para demorar el proceso recurren en suplicación castigando así al trabajador despedido. Si se supone que es un organismo protector, que Dios nos libre de sus protecciones.
El resultado es que la demora varía desde la solicitud entre los 12 y los 24 meses, según sea la Comunidad Autónoma en que el organismo deba resolver.
Ya se pueden imaginar la situación de personas que han agotado su prestación  y deban esperar algo que es suyo hasta que el  moroso Estado decida cuándo va a pagarles.  Y ya son más de 180.000 familias con obligaciones financieras y  necesidades de consumo.
Ojalá los mandatarios fuesen tan raudos como por ejemplo, cuando se trata de salvar a personas y entidades que no están en tan mal situación. 

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