Las páginas web, las guías telefónicas, los carteles de las ciudades y los anuncios en prensa no garantizan que el servicio anunciado sea realmente de calidad. El aval que cualquier persona necesita respecto de un profesional es su titulación reglada, su experiencia y sobre todo su colegiación.
Con la vorágine inmobiliaria se crearon al menos 8000 inmobiliarias en Andalucía sin que sus gestores fueran profesionales dada la desregulación del sector. A la par que el sector consultivo trataba de expandir sus servicios provocando ciertas intromisiones alegales en profesionales del derecho y las ciencias sociales.
Un colectivo muy afectado ha sido el de los Gestores Administrativos que han visto usurpadas sus funciones en materia de tráfico por titulados medios -sobre todo en ciencias empresariales- que realizaban cuatro gestiones por día en la Jefatura de Tráfico (2 por las mañana y 2 por la tarde).
Como miembro que fui de la Junta de Gobierno del Colegio Andaluz de Politólogos y Sociólogos he comprobado que otro colectivo afectado ha sido el de los Politólogos. Sobre todo el de los Politólogos Administrativistas, del que formo parte. Mis compañeros constatan a diario el desconocimiento generalizado de nuestras funciones, asumidas sólo por profesionales del derecho, cuando de lo que se trata es de asuntos administrativos en vía administrativa (no judicial). En muchas ocasiones las técnicas utilizadas provienen de la ciencia de la administración bajo el esquema diagnóstico-tratamiento y gestión-evaluación.
Y es que además de asesorar a Administraciones Públicas también se nos capacita para asumir servicios de asesoramiento y asistencia administrativa a empresas y particulares. Por esto se nos impone la obligación de encontrarnos colegiados para el desempeño de nuestra profesión -trabajemos de manera autónoma o por cuenta ajena.-
Todo lo demás es continuar con la neoliberal desregulación del sistema y con la merma de garantías hacia los ciudadanos.
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