La fluctuación del mercado de mano de obra se deriva de una serie de comportamientos empresariales, que a su vez tienen su origen en un entorno social coyuntural específico. Al parecer el saldo registrado en oficinas públicas es de 2.261.925 personas que no tienen empleo conocido, en unos tiempos donde el consumo representa junto con los préstamos hipotecarios y personales el 98% del destino de la renta familiar.
En realidad es este el sistema de empleo por el que tanto tiempo abogaron las corrientes funcionalistas que se han insertado de una manera homeostática desde los Pactos de la Moncloa en nuestra economía. La tendencia alcista en ciclos socialdemócratas y de mantenimiento en ciclos conservadores no se rectifica sólo con medidas de incentivos (como la reducción de contigencias comunes en la Seguridad Social). Mi paso como trabajador en una oficina de empleo me permite tomarme la licencia para asegurar que la situación actual se deriva de una circunstancia estructural.
En primer lugar no se premian las rentas del trabajo en los impuestos directos, ni crean especiales desgravaciones fiscales a las sociedades empresariales. Estos premios fiscales deberian encontrarse en la cuota líquida y no en la base imponible.
En segundo lugar no se incentiva un justo autoempleo. Se deberían regular las cotizaciones sociales en función del volumen de empresa y no por el caracter del contrato, dado que de todas maneras sigue existiendo un empleo precario. Del mismo modo que deberían establecerse unas cuotas de trabajadores en función del volumen de producción de la empresa. Un ejemplo: en un supermercado al que acuden cada sábado miles de clientes puede haber 10 cajas abiertas, cuando las necesidades reales es que se abran al menos 15.
En tercer lugar, las oficinas públicas deberían revisar la lista de desempleados, dado que muchos de estos no son reales (véase el trabajo clandestino o el carné de parado para formación).
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