Cuando se liberalizó el sector de las telecomunicaciones se presentaron justificaciones, como que el mercado sería más eficiente y los consumidores podrían elegir con mejores precios. Ahora la Comisión Nacional de Competencia considera que las tres compañías de telefonía móvil concertaron los precios.Igual ha ocurrido con el sector eléctrico y el de los combustibles. Por tanto, la contradicción es que dicen atender a la ley de la oferta y la demanda, cuando en realidad practican: la colusión.
Esta externalidad ampliamente estudiada en economía, representa el incumplimiento más claro del óptimo paretiano. Unos pocos llegan a un acuerdo para garantizar un beneficio (equilibrio de Nash), repartiéndose un trozo del mercado. Así evitan la competencia de otros operadores. Esto es, se forman oligopolios.
Esta situación es trasladable a otros hechos sociales. Al principio se pactan unas reglas del juego, induciendo a una falsa ilusión y sensación de libertad. Pero en realidad, no es más que una pantalla para que una minoría se beneficie. Sucede con la mayoría de las privatizaciones.
La solución a todo esto puede ser el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, que desde el 1 de Septiembre de 2007 se llama Comisión Nacional de Competencia.
Pero ¿Quién controla a este Tribunal? ¿Quién vigila al zorro que debe cuidar de las gallinas? ¿Debe ser el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda?.
Como ya expliqué, estas instancias a su vez son susceptibles de estar influidas por operadores económicos privados y desligados del interés común. (véase el sector energético o el audiovisual).
En la práctica, no se trata más que de un sistema planificado por instancias privadas, lo que da más la razón al Golsplan que al propio Adam Smith.
Por esto, sus miembros no deberían ser elegidos por Decreto, sino por consenso parlamentario, oidas las asociaciones de consumidores y usuarios.
Moraleja de este sistema de libre mercado: “Haz lo que yo te diga pero no lo que yo haga.”
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