Valorar el sistema productivo.

Sabemos quién ha causado esta crisis.

Aún así, muchos medios se empeñan en poner en marcha el ventilador, para que paguemos el despilfarro y la especulación todos nosotros.

Hay un mito bastante generalizado de que los empleados públicos no trabajan. Es muy posible que haya alguien, que aprovechándose de sus status, pueda relajarse. Pero, en términos generales, la mayoría de los trabajadores públicos cumplen con sus obligaciones. Por experiencia propia, y salvo algún caso puntual, siempre me han atendido con esmero y cortesía.
En algunos casos, y dada la regularidad de mis visitas, se forja una especie de camaradería, que es de agradecer, en estos tiempos que vivimos.

De modo, que el mito de la vagancia no tiene sentido. Los organismos oficiales, los centros educativos públicos, las Universidades, los centros sanitarios, todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el transporte urbano público, las oficinas de Correos, los Registros y los servicios sociales nos atienden, todos los días. Y si algún día no lo hicieran podríamos poner el grito en el cielo. Algo que no ocurre con las empresas privadas (alguna aerolínea, escuela de idiomas o geriátrico, por ejemplo).

El mito se forja, porque esos trabajadores tienen empleo estable, se rigen por convenio, tienen vacaciones remuneradas, cobran antes de acabar el mes y gozan de asuntos propios. Justo, como deberían tener el resto de los trabajadores. Porque todas las personas necesitan un empleo, que les permita hacer planes de futuro. Todos tienen que comer y pagar gastos para su vida. Pagar mensualmente la hipoteca o el alquiler. En estos años duros, que hemos vivido, hemos visto como muchas empresas han resuelto sus problemas con la degradación de las condiciones laborales, mientras no reparaban en remunerar a sus administradores. Otras optaron por la morosidad salarial, como Air Comet et al.

Con un país, que roza los cuatro millones de parados, es normal que una gran mayoría quiera superar una oposición. El fruto es la condición para poder forjar un proyecto de vida, sin turbulencias. Justo lo que debería haber en el sector privado.
Mas algún gobierno autonómico quiere implantar esta precarización en sus servicios de salud, de empleo o de servicios sociales. A finales de 2008 nos enteramos de que el SAS disponía de 283 médicos extracomunitarios sin titulación homologada. Ya recordarán la noticia del aquel pediatra peruano que había estado también en el servicio murciano de Salud. Ahora sabemos, que el planteamiento es que las enfermeras andaluzas puedan dispensar recetas. Ciertamente la eventualidad y la precarización va tomando cuerpo.

Incluso así, un tercio de la población ocupada, forma parte del sector público. Otros, se convierten en españoles por el mundo, donde su trabajo se valore y se remunere.

Si España quiere ser una economía competitiva deberá incentivar la iniciativa privada con más derechos y garantías para los trabajadores. Las bonificaciones sociales y fiscales pueden ayudar. Pero más lo haría un sistema productivo de calidad, donde se valore la excelencia que generan cientos de miles de trabajadores, en todo el Estado. De lo contrario, estamos preparando las bases para otra recesión, aún más fuerte, de la que no seremos capaces de salir en muchos lustros.