Estado de Alarma.

Comparto la indignación de los viajeros, pero no la medida adoptada por el Gobierno. Antes de llegar a los extremos de la imposición castrense hay que trabajar con políticas de personal para que esto no vuelva a suceder.

Los acontecimientos.
En el matinal Consejo de Ministros de este viernes, día 3, se aprobó un Real Decreto por el que se contemplaba la posiblidad de privatizar el 40% de AENA modificando las condiciones laborales de los controladores aéreos.
El colectivo, en un completo ejercicio de chantaje, a las 5 de la tarde, comenzó a ausentarse de sus puestos, dejando sin posibilidad de viajar a más de medio millón de pasajeros. No ejercían derecho de huelga alguno, pues no la habían convocado.
Un gabinete de crisis se reunió tras ello, para concluir que se cerraba el espacio aéreo. Miles de personas atrapadas, y por extensión todos los españoles, sentimos una profunda sensación de repulsa ante esta práctica traicionera.
Ya de noche, en torno a las nueve, el ministro José Blanco anunciaba que a las 21:30 horas entraría en vigor un Real Decreto por el que se militarizaba el servicio. No tuvo efecto, los controladores persisitían en sus acciones. De manera que al día siguiente, el Ministro Pérez Rubalcaba anunciaba un Estado de Alarma, el primero en nuestra democracia. Es así como, a las 15:30 del sábado, comienza a reabrirse el espacio aéreo. ¿Asunto resuelto?.
Los expertos en Derecho Constitucional nos despejan algunas dudas respecto a esta situación suspensiva de derechos y libertades, desarrollada por una Ley de 1981.
¿Qué es un estado de alarma?
En nuestro país se configura como una situación excepcional en la que las autoridades, funcionarios y trabajadores civiles se ven sujetos a una imperiosa imposición por razones de catástrofes, desgracias, calamidades públicas, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos o situaciones de desabastecimiento.
¿Qué medidas se pueden tomar en estado de alarma?
En primer lugar el derecho de circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados.
En segundo lugar, se pueden practicar requisas temporales e imponer prestaciones personales.
En tercer lugar, se pueden intervenir fábricas e industrias
En cuarto lugar, se puede racionar o limitar en uso de servicios, o el consumo de productos de primera necesidad.
Y por último, se pueden impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados o el funcionamiento de los servicios públicos.
¿Qué razones excepcionales han llevado a este estado de alarma?
El actual estado de alarma está justificado, pero deberían haberse agotado otras vías, porque supone una suspensión de los derechos constitucionales para garantizar el tráfico aéreo durante un plazo de al menos 15 días.
Toda la opinión pública es unánime. Todo rechazamos que se hayan ausentado de sus puestos causando un caos en los aeropuertos. Al menos, deberían haber avisado con antelación.
En este caso, se han militarizado las torres de control y los controladores en caso de no acudir se verían acusados de un delito penal militar de sedición.
Por esto, la mayoría ha acudido a sus puestos de trabajo. Sin embargo, ni el Art 116 de la Constitución ni la ley de 1981 contempla posibilidad de dicho delito.
¿Se podría haber evitado llegar a esto?
Evidentemente. El Consejo de Ministros podría haber aplazado la reforma y la privatización de AENA a unas fechas menos señaladas. El déficit de recursos humanos capacitados para estas tareas les otorga un status y unos honorarios muy desorbitados a este tipo de personal. Al tener unas funciones con tanta repercusión en la población han venido consiguiendo sus reivindicaciones durante estos 35 años de democracia.
No obstante, un estado de alarma no es del todo aconsejable. Primero porque no es agradable saber que el vuelo asignado lo va a controlar un señor que tiene a la Guardia Civil velando porque cumpla su trabajo. Segundo, porque asienta un precedente sobre el resto de trabajadores y altos cargos, con el único soporte legal de una norma emanada del poder ejecutivo y no del legislativo. Hubiera sido deseable que, en este caso, se hubiera utilizado un poco la mano izquierda.

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